El pasado mes de noviembre, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. Se trata de un presupuesto que crece más de un 17% en términos nominales prácticamente 8.3 billones de pesos, de los cuales más de un billón de pesos será financiado mediante la adquisición de deuda.
Para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el presupuesto pasa de 55 mil 788 millones de pesos a 70 mil 500 millones de pesos. El principal aumento se dio en el Programa de Fertilizantes, el cual de 2,500 millones de pesos pasó a 16,684 millones de pesos, es decir un incremento del 567%. El resto de los programas tuvo un incremento prácticamente inercial, salvo el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, que se mantuvo sin cambios en 3,344 millones de pesos, lo cual considerando los niveles de inflación, implica en realidad una disminución en su capacidad operativa. Los 70 mil 500 millones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es una cantidad prácticamente igual, en términos nominales, al presupuesto que ejerció la dependencia en 2009 y en 2017.
Para 2023, uno de los grandes retos de perspectiva económica es el de controlar el alza en los precios de los alimentos. Al cierre de octubre de 2022, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la inflación de los alimentos en México se ubicó en niveles del 14.5% con respecto al año anterior, superando la de países como Italia, Noruega, Estados Unidos y Canadá.
Estamos frente a un momento clave en el que se consideraba fundamental dar un apoyo decidido a la agricultura comercial mediante programas de fomento productivo, de apoyos a la comercialización y de financiamiento para productores con mayores capacidades de producción, que son fundamentales para garantizar condiciones de disponibilidad en el mercado mexicano. La apuesta parece ser que continuará siendo mediante acciones relacionadas con los cupos y cuotas compensatorias.
