 Panorama
Sin duda el tema de los organismos genéticamente modificados (OGM) es polémico; la mayor de las veces levanta pasiones y, en pocos casos, se discuten los aspectos científicos. En las últimas semanas el debate resurgió con fuerza en el plano internacional. A fines del mes pasado 108 científicos ganadores del Premio Nobel en distintas disciplinas (Economía, Química, Física y Medicina) publicaron una carta para que Greenpeace, la bien conocida organización ‘ambientalista’ suspenda sus esfuerzos para bloquear la introducción de un arroz genéticamente modificado conocido como ‘arroz dorado’ que se supone rico en vitamina A y que permitiría reducir parte de las muertes y enfermedades asociadas a la deficiencia de dicha vitamina, que se estima afecta a 250 millones de personas y especialmente a 500 mil niños cada año. Los premios Nobel acusan a Greenpeace de “crimen contra la humanidad” y señalan que, después de 20 años de pruebas, no existe ninguna evidencia de que los transgénicos sean dañinos para la salud. Por su parte, la organización argumenta que el arroz dorado ha fallado como una solución y que no se ha desarrollado un producto comercializable; argumenta que la seguridad alimentaria está en la agricultura ecológica, una dieta más variada y saludable, y en un reparto equitativo de la alimentación. En México, en noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia concedió un amparo a comunidades mayas de Campeche y Yucatán contra la siembra de soya GM, ya que no se realizó la consulta pública que mandata la legislación nacional e internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, cuando se puede afectar su entorno; esto es, nada que ver con aspectos ambientales, ecológicos, de salud o de bioseguridad. Posteriormente, a fines de junio pasado en un anuncio sorpresivo la SAGARPA canceló el permiso de siembra comercial de soya GM que cubría más de 200 mil hectáreas además de en Campeche y Yucatán, también en Tamaulipas, Chiapas, San Luis Potosí, Quintana Roo y Veracruz. Así, en vez de atender la consulta, se optó por cancelar la siembra. México es altamente deficitario en oleaginosas, por lo que importa 90 por ciento del consumo nacional de soya, esto es 3.8 millones de toneladas al año, de las que 98 por ciento es GM (de Estados Unidos, Brasil y Argentina). En 2012 se otorgó el primer permiso de liberación comercial de soya GM, entre otras razones, porque prácticamente ya no había semilla de soya convencional para siembra y se requería abastecer una demanda creciente. No obstante, con argumentos ecológicos (contaminación de mantos freáticos en la península de Yucatán, lo que no se ha probado), comerciales (afectación a la producción de miel de abeja en la región, aunque los ciclos productivos son diferentes, pero los intermediarios europeos lo utilizan como argumento para castigar el precio) o políticos (efectos en comunidades indígenas, aunque en gran parte del territorio de siembra no haya), desde entonces grupos ‘ambientalistas’ han cuestionado la siembra comercial de soya. Ello ha propiciado que sigamos con una elevada dependencia de soya importada, a un costo elevado (1.574 millones de dólares al año), pérdida de ingresos para agricultores nacionales (2.180 millones de pesos según el Sistema Producto Oleaginosas) y una creciente polarización y confrontación social entre productores y apicultores (sólo exportamos 156 millones de dólares de miel, una décima parte del valor importado de soya). Una consideración adicional: ¿qué hubiera pasado en la Revolución Verde en los 60 si se hubiera impedido el desarrollo de trigos mejorados por parte de Norman Borlaug? Las hambrunas que se hubieran generado en India y Pakistán no son hipotéticas; sólo hay que recordar Biafra, el ‘cuerno’ de África o Bangladesh, entre muchas otras regiones. © Copyright 2005-2006 - Sistema Nacional Sistema Producto - Oleaginosas |
